Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la capacidad de respuesta del nuevo órgano garante, Transparencia para el Pueblo, se ha reducido drásticamente, mientras surge un precedente sobre la opacidad en contratos de seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE). Datos oficiales indican que, desde marzo de 2025, la nueva entidad resolvió 5,921 recursos de revisión, lo que representa una caída superior al 88% en comparación con los 53,233 casos atendidos por el INAI durante 2024.
La disminución en la resolución de controversias coincide con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal de Transparencia que disolvieron al organismo autónomo el 20 de marzo de 2025. Durante el primer trimestre de 2025, antes de la transición completa, el INAI logró resolver más de 8,000 recursos, cifra que contrasta con el rendimiento anual de su sucesor. Cabe destacar que en 2024, el extinto instituto recibió un millón de solicitudes de información, estableciendo un volumen de trabajo que la actual administración no ha podido equiparar en términos de resolución.
En paralelo a la crisis de capacidad operativa, se ha generado un conflicto respecto a la transparencia de los contratos de seguridad del INE. La publicación La Silla Rota solicitó mediante un recurso de revisión el acceso al contrato INE/050/2025, mediante el cual el organismo electoral adquirió más de 300 cámaras para ocho edificios y 32 juntas locales. Inicialmente, el INE argumentó que dicha información debía permanecer en reserva por cinco años, alegando riesgos de seguridad nacional y protección a su personal debido a la violencia contra el órgano electoral.
Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) determinó que la reserva era injustificada. En su dictamen, la autoridad señaló que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna, ordenando con ello la publicidad de los datos. Esta decisión marca un precedente frente a los intentos de las instituciones de clasificar información bajo argumentos de seguridad sin sustento técnico detallado.
Ante este escenario de reducción en la atención de recursos y disputas sobre el acceso a la información, Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que no existe manera de evaluar el desempeño del nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos públicos sobre su operación. La declaración subraya la dificultad para medir la eficacia de Transparencia para el Pueblo, cuya creación buscó dar continuidad a las funciones de garantía del derecho de acceso a la información en México.
El INE justificó la necesidad de actualizar su equipo de seguridad, el cual no había sido modificado desde 2008, como insuficiente para las condiciones actuales. No obstante, la determinación del OIC obliga a la institución a transparentar los detalles del acuerdo con la empresa proveedora, reafirmando que la seguridad institucional no puede ser pretexto para ocultar el uso de recursos públicos. La situación pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema de transparencia mexicano a un año de la restructuración de su órgano garante.