Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- En medio del debate legislativo por la reforma electoral denominada ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, surgieron discrepancias al interior de la alianza gobernante respecto a la posibilidad de vincular la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, manifestó su oposición a dicha medida al considerar que generaría inequidad política e inestabilidad, pudiendo derivar en periodos presidenciales reducidos a solo tres años.
Sandoval Flores reconoció abiertamente la existencia de ‘puntos de vista diferentes’ con Morena sobre este aspecto específico de la iniciativa. Argumentó que permitir la promoción del voto a favor del Ejecutivo durante un proceso de revocación simultáneo a elecciones legislativas otorgaría una ventaja desproporcionada al partido en el poder. A pesar de las dudas, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, indicó que hasta el momento el respaldo de su bancada se mantiene firme a la enmienda, siguiendo lo definido por la dirigencia nacional, aunque el tema continúa siendo analizado al interior del grupo parlamentario.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, expresó confianza en que el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) honrarán un acuerdo firmado previamente para respaldar la reforma en su conjunto. No obstante, admitió que existen voces en desacuerdo dentro de la alianza, particularmente sobre los mecanismos de revocación de mandato y la facultad de autopromoción del Ejecutivo durante dicho proceso.
En relación con el PVEM, su coordinador Manuel Velasco comentó que, si la presidenta le pidiera consejo personal, le diría que ‘no es necesario que se someta a la revocación de mandato’. Sin embargo, dejó claro que su partido votará a favor de la iniciativa. Estas posturas reflejan la tensión entre la unidad legislativa requerida para aprobar la reforma constitucional y las preocupaciones técnicas y políticas que han surgido durante las discusiones en comisiones.
Desde el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Uuc-kib Espadas Ancona ofreció una perspectiva distinta sobre la controversia. Calificó como un ‘punto positivo’ la posibilidad de que la presidenta promueva la consulta de revocación, señalando que el impedimento actual para hacerlo representa un ‘contrasentido democrático’. Su declaración subraya la importancia de habilitar los mecanismos de participación ciudadana, independientemente de las complejidades electorales que plantea la propuesta.
El debate se concentra ahora en la definición final de los artículos relacionados con el artículo 135 constitucional y las reglas de paridad de género, mientras se aguarda la votación en el pleno del Senado. La divergencia de opiniones entre los aliados de Morena pone a prueba la cohesión del bloque legislativo para sacar adelante el ‘Plan B’, cuya aprobación determinará las reglas del juego político para los próximos años en México.