Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que la votación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral podría realizarse el próximo miércoles 25 de marzo, con el objetivo de aprobarla antes de que inicie la Semana Santa. Aunque no existe una confirmación oficial definitiva, legisladores del partido gobernante indican que se tiene planeado someter la iniciativa constitucional al pleno en esa fecha, contando con el respaldo de sus aliados del PVEM y el PT, pese a algunas reservas internas sobre la revocación de mandato.
La propuesta ha generado fuertes críticas desde la oposición. El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó la iniciativa como un ‘Plan Maduro’ y un ‘golpe de Estado’, argumentando que busca debilitar las instituciones electorales y consolidar el control del Ejecutivo. Por su parte, columnistas de opinión y legisladores opositores advierten que la inclusión de la revocación de mandato en el texto es improcedente, dado que no se ha configurado la pérdida de confianza hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, requisito establecido en la Constitución.
En cuanto al impacto financiero y administrativo, el diputado Elías Lixa Abimerhi señaló que la reforma generará más gasto público en lugar de ahorro. Según cifras analizadas en la discusión, la modificación implicaría un aumento en el número de integrantes de los cabildos en aproximadamente 1,100 municipios del país, mientras que solo 56 verían reducida su estructura. En el estado de Yucatán, por ejemplo, se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, lo que derivaría en la creación de 221 regidurías adicionales.
A pesar de las críticas, la bancada de Morena mantiene la postura de avanzar con la legislación. El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, y la vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, han expresado su apoyo general a la agenda, aunque se han reportado dudas dentro del Partido del Trabajo respecto a los mecanismos de consulta ciudadana y la facultad del ejecutivo para promover el voto a su favor durante dichos procesos.
La controversia alrededor del ‘Plan B’ refleja la polarización en el Congreso, donde el gobierno federal presenta la medida como un fortalecimiento de la participación ciudadana, mientras que los partidos opositores la denuncian como un intento de ampliar la maquinaria electoral del presidente a costa del erario municipal. Se espera que en los próximos días se definan los detalles finales del dictamen antes de la votación programada para la próxima semana.