Por Redacción
Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la ampliación de un polémico requisito migratorio que obliga a ciudadanos de 50 países, incluidos 12 nuevos, a pagar una fianza de $15,000 dólares para obtener una visa de turista o negocios. La medida, que entrará en vigor el 2 de abril, busca reducir costos de deportación y se enmarca en las políticas restrictivas de la segunda Administración del presidente Donald Trump. Entre los países recién añadidos a la lista figuran Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
El programa, que ya estaba vigente para 38 naciones, registra un 97% de cumplimiento, según datos oficiales. Las autoridades estadounidenses justifican la expansión argumentando que el costo promedio de deportar a una persona asciende a $18,000 dólares, por lo que la fianza representa un ahorro neto para el erario. Se estima que la medida podría generar ahorros de hasta $800 millones anuales para el gobierno federal.
La fianza, que debe ser pagada antes de viajar, será devuelta al solicitante una vez que salga de territorio estadounidense dentro del plazo autorizado por su visa. El Departamento de Estado no especificó los criterios exactos para incluir a un país en el listado, aunque históricamente se han considerado factores como tasas de sobrestancia de visas y cooperación en materia de readmisión de deportados.
La ampliación del programa refuerza el giro hacia una política migratoria más dura bajo la presidencia de Trump, quien ha priorizado medidas para disuadir la inmigración irregular y reducir la carga financiera asociada a los procesos de deportación. Analistas prevén que la exigencia podría afectar significativamente el turismo y los viajes de negocios desde los países afectados, especialmente aquellos con economías emergentes.
Hasta el momento, no se ha emitido una lista oficial completa de los 38 países que ya estaban sujetos al requisito, aunque en el pasado se han mencionado naciones de África, Asia y América Latina con altas tasas de violaciones migratorias. La medida ha generado preocupación entre defensores de derechos migrantes, quienes la califican como una barrera económica discriminatoria.