Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional, denominada ‘Plan B’ electoral, que modificaría las reglas para los comicios de 2027, en los que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales. El proyecto, promovido por el oficialismo, propone reducir el número de partidos políticos y facilitar la revocación de mandato, medidas que la oposición califica de autoritarias y que buscan consolidar la hegemonía de Morena.
El gobierno federal defiende la reforma como un avance democrático y niega que implique el uso de tiempos oficiales para hacer campaña gubernamental. Sin embargo, líderes opositores como Alejandro Moreno, del PRI, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), han señalado que la iniciativa permitiría precisamente eso: utilizar la estructura del Estado para promover la imagen de la administración en turno en vísperas de una elección crucial.
El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha manifestado su preocupación por el impacto de estas modificaciones en la autonomía de los órganos electorales y en el equilibrio democrático. Su análisis experto advierte sobre el riesgo de debilitar instituciones clave para la imparcialidad de los procesos comicios.
El contexto político es determinante: Sheinbaum mantiene una popularidad cercana al 70 por ciento, y la discusión de la reforma coincide con la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lo que añade presión internacional sobre la estabilidad institucional del país. La oposición parlamentaria, integrada por el PRI, PAN y MC, ha anunciado que rechazará la iniciativa, aunque la mayoría de Morena y sus aliados (PVEM y PT) en el Senado podría aprobarla.
Entre los puntos más polémicos se encuentra la propuesta de reducir el número de partidos políticos con registro, lo que, según críticos, limitaría la pluralidad. Además, se busca establecer un mecanismo más ágil para la revocación de mandato, figura que el gobierno podría emplear estratégicamente. La falta de consenso y las acusaciones de autoritarismo marcan el inicio de un debate legislativo intenso, que definirá el marco de la contienda electoral más grande del sexenio.
La iniciativa llega en un momento de alta polarización y pone a prueba la capacidad de diálogo del Congreso. Mientras el oficialismo argumenta la necesidad de modernizar el sistema electoral, la oposición y expertos independientes ven un intento de concentrar poder y afectar la autonomía municipal, configurando un escenario de tensión política que se extenderá hasta las elecciones de 2027.