Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma electoral denominada ‘Plan B’ que modifica la revocación de mandato y ajusta la integración de gobiernos municipales. La iniciativa, presentada este martes, busca reducir el número de regidores municipales entre 7 y 15 por ayuntamiento y establecer un límite de gasto del 0.7% del presupuesto estatal para congresos locales, según informó la senadora Laura Itzel Castillo Juárez de Morena.
La propuesta incluye cambios significativos al mecanismo de revocación de mandato, permitiendo que el presidente en funciones pueda hacer proselitismo durante el proceso. Esta modificación llega después de la primera consulta de revocación realizada en 2022, donde participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón electoral) y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 15.159 millones de votos a favor de su continuidad (91.8%).
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la iniciativa señalando que busca ‘fortalecer la democracia y generar ahorros’. Sin embargo, la propuesta enfrentó críticas iniciales por una omisión en el texto original que excluía la palabra ‘paritario’ respecto a la integración de cabildos, lo que generó preocupación sobre posibles afectaciones a la paridad de género. La Presidencia corrigió posteriormente esta omisión.
El analista Elías Lixa cuestionó el discurso de ahorro, señalando que en Yucatán, específicamente en Mérida, se reducirían 2 regidores pero aumentarían en 221 en el interior del estado. La oposición política ve en la reforma un mecanismo para dar ventaja electoral a Morena, particularmente considerando que Sheinbaum obtuvo 35.9 millones de votos en las elecciones de 2024.
La iniciativa cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, lo que facilitaría su aprobación en el Congreso. Esta reforma constitucional representa el segundo intento del gobierno después del rechazo de una propuesta más amplia conocida como ‘Plan A’.
El debate sobre la reforma electoral se enmarca en un contexto donde la revocación de mandato fue incorporada a la Constitución en 2019 como parte de la agenda de transformación del gobierno anterior. Los promotores argumentan que busca reducir costos electorales y privilegios, mientras los críticos advierten sobre posibles usos políticos del mecanismo en favor del partido en el poder.