Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con la construcción de un nuevo muro en la frontera con México y operativos internos, en medio de una controversia por la muerte de un solicitante de asilo bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El gobierno estadounidense anunció una inversión de aproximadamente 4,500 millones de dólares para reforzar la frontera, incluyendo un tramo de 110 kilómetros entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras tanto, el fallecimiento de Mohammad Nazeer Paktiawal, un ciudadano afgano detenido en Minnesota, ha generado críticas y una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La muerte de Paktiawal ocurrió mientras estaba bajo custodia de ICE en Minneapolis, aunque la causa oficial aún no ha sido determinada. Reportes preliminares del DHS indican que el hombre comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención. Este caso se suma a la polémica generada por los operativos migratorios en ciudades del interior de Estados Unidos, los cuales, según reportes, han resultado en la muerte de al menos dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, en incidentes relacionados en Minneapolis.
En paralelo, el gobierno estadounidense avanza con la construcción de un muro de barrera de 230 millas (370 kilómetros) a lo largo de la frontera sur, un proyecto emblemático de la administración Trump. El comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gregory M. Bovino, quien supervisaba estos esfuerzos, fue retirado recientemente de su cargo, aunque las autoridades no han aclarado si su salida fue voluntaria o forzada.
En audiencias congresionales, altos mandos militares, incluidos el general Gregory M. Guillot del Comando Norte y el teniente general Francis L. Donovan del Comando Sur, afirmaron que no acatarían una orden presidencial ilegal para desplegar tropas en procesos electorales domésticos. Esta declaración contrasta con la postura más reservada del secretario asistente Joseph M. Humire, quien se limitó a señalar que una decisión de ese tipo correspondería al presidente Trump.
El contexto de estas medidas se enmarca en una política migratoria restrictiva que ha movilizado a cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos, un grupo cuya representación política y reacción ante los operativos sigue siendo un tema de análisis. Las tensiones continúan mientras se esperan los resultados de la investigación del DHS sobre la muerte en custodia y se observa el avance de la construcción fronteriza, señalando un periodo de alta polarización en el tema migratorio.