Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en contra del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, imputado por integrar una organización criminal dedicada al huachicol fiscal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó reiteradamente a facilitar el acceso completo a la carpeta de investigación, vulnerando el derecho de defensa. La resolución de la jueza Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, responde a un recurso presentado por la defensa del exmilitar, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano.
El caso penal 325/2025 involucra a Farías Laguna y a su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna —actualmente prófugo—, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que operaba desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La organización, identificada como ‘Los Primos’, habría estado detrás del decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas en marzo de 2025.
La defensa del imputado, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó ante la jueza que la FGR incumplió en múltiples ocasiones con la entrega de la totalidad de la carpeta de investigación, a pesar de existir un plazo perentorio de cinco días para hacerlo. Esta negativa impedía al acusado contar con los elementos necesarios para su defensa, por lo que se solicitó la intervención judicial para garantizar el acceso a la evidencia.
La resolución de la jueza Vieyra Valdés concede un plazo adicional de tres meses para que la FGR realice las investigaciones complementarias pendientes y, fundamentalmente, garantice el acceso completo y sin restricciones al expediente por parte de la defensa. La medida judicial constituye un revés para la fiscalía, que ahora deberá transparentar el proceso investigativo.
El caso del exvicealmirante Farías Laguna ha cobrado relevancia pública no sólo por el alto rango del implicado dentro de la Secretaría de Marina, sino también por las acusaciones de corrupción en el sector energético. Previo a la resolución judicial, el imputado había enviado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones procesales en su caso, aunque los detalles específicos de dichas alegaciones no han sido divulgados oficialmente.
Con la reapertura de la investigación complementaria, el proceso penal se extenderá al menos hasta junio de 2026, período durante el cual la FGR deberá subsanar las omisiones señaladas por la jueza y la defensa podrá preparar sus argumentos con base en el expediente completo. El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre el derecho de acceso a la información en procesos penales complejos contra exfuncionarios de alto nivel.