Por Redacción
México, 18 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado su Plan B de reforma electoral, que incluye la reducción de regidores municipales, topes presupuestales para congresos locales y modificaciones al proceso de revocación de mandato, tras el rechazo del Plan A en la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por Morena y con apoyo anunciado del PVEM, permite a la presidenta realizar campaña con recursos no especificados en consultas de revocación y adelanta el plazo al tercer año de gobierno.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió la propuesta como una medida de austeridad que reducirá el número de regidores por municipio de 15 a un máximo de 7, establecerá un tope del 0.7% del presupuesto estatal para congresos locales y eliminará el principio de paridad de género en las regidurías. Monreal también mencionó una reforma judicial complementaria que se discutirá posteriormente.
El PVEM, a través del senador Manuel Velasco, anunció apoyo unánime al Plan B, aunque se registró una contradicción cuando el senador Luis Armando Melgar no ratificó su voto y solicitó una revisión previa de la iniciativa. La oposición, representada por Kenia López Rabadán del PAN, criticó la medida por autorizar campañas gubernamentales en procesos de revocación y por eliminar la paridad de género.
El contexto de la reforma incluye las 741 investigaciones iniciadas en 2025 por el FISEL (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales), que evidencian la necesidad de ajustes en el sistema. La iniciativa debe ser aprobada antes de septiembre de 2026 debido a restricciones constitucionales, aunque se desconoce el impacto presupuestal exacto de las medidas y la posición oficial del Partido del Trabajo (PT) al respecto.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, evitó comentar sobre aspectos específicos de la reforma, mientras que desde Gobernación, Juan Ramiro Robledo Ruiz, se enfatizó el carácter prioritario de la iniciativa para el gobierno. El debate se espera intenso en las próximas semanas, con la oposición advirtiendo sobre posibles consecuencias antidemocráticas y el oficialismo defendiendo la austeridad y la eficiencia en el uso de recursos públicos.