Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un nuevo paquete de reformas electorales, conocido como “Plan B”, que será enviado al Congreso de la Unión. La propuesta, enfocada en reducir el presupuesto de congresos locales y regidores municipales, surge después de que una iniciativa más amplia fuera rechazada la semana pasada por sus propios aliados legislativos.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Sheinbaum señaló que el objetivo central es reorientar recursos públicos hacia obras de infraestructura, tras apuntar que el costo por legislador en algunos estados, como Baja California, supera los 34 millones de pesos anuales. La iniciativa se enviará formalmente al Poder Legislativo este martes 17 de marzo.
Este “Plan B” representa una versión recortada de la reforma electoral original, conocida como “Plan A”, que fue rechazada en la Cámara de Diputados el pasado 11 de marzo. En esa ocasión, diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Morena, votaron mayoritariamente en contra, lo que obligó al gobierno a reformular su estrategia.
La nueva propuesta deja de lado, al menos inicialmente, cambios sustanciales al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los partidos políticos federales y al propio Congreso de la Unión. En su lugar, se concentra en legislativos estatales y ayuntamientos, donde, según cifras citadas por el gobierno, el gasto por diputado local puede ser elevado.
Para su aprobación, la reforma constitucional requiere el aval de al menos 17 congresos locales, además de las dos cámaras del Congreso federal. Sheinbaum confió en que la propuesta, al ser más específica y enfocada en el ahorro presupuestal, logre el consenso necesario entre las fuerzas políticas.
El contexto político marca un primer revés legislativo significativo para la administración de Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2025. La derrota del “Plan A” evidenció fisuras en la coalición gobernante y obligó a una negociación interna para presentar una alternativa viable que mantenga viva la agenda de reforma electoral.