Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- México registra el menor gasto público en salud por persona de América Latina, con solo 51.9% de financiamiento estatal frente a 39.1% de gasto de bolsillo de los ciudadanos, según análisis del Instituto Nacional de Salud Pública. Este diagnóstico nacional contrasta con avances locales como Sonora, que contrató 419 médicos especialistas para el IMSS durante la Jornada de Reclutamiento 2026 realizada del 2 al 11 de marzo.
El especialista Sergio Meneses Navarro, del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP, señaló que la estructura financiera del sector salud mexicano presenta deficiencias crónicas que obligan a los pacientes a cubrir directamente casi 40% de sus necesidades médicas. Esta situación coloca a México en desventaja comparativa con otros países de la región que destinan mayores recursos públicos per cápita a sus sistemas de salud.
En contraparte, el gobierno de Sonora lidera las contrataciones médicas a nivel nacional con 419 especialistas incorporados al IMSS estatal. El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que estas contrataciones forman parte de un plan más amplio que incluye la construcción y modernización de seis hospitales en la entidad.
Las cifras del INSP revelan que el gasto de bolsillo en salud representa una carga económica significativa para las familias mexicanas, particularmente para quienes carecen de seguridad social o acceso a instituciones públicas. Este modelo financiero profundiza las desigualdades en el acceso a servicios médicos especializados y tratamientos de alto costo.
El sistema de salud mexicano enfrenta el doble desafío de expandir la cobertura mientras mejora la calidad y especialización de los servicios. Aunque estados como Sonora avanzan en el fortalecimiento de recursos humanos, persisten problemas estructurales de financiamiento que requieren políticas nacionales coordinadas.
Expertos en políticas de salud consideran que la dependencia del gasto de bolsillo limita el acceso equitativo a la atención médica y afecta particularmente a poblaciones vulnerables. La próxima administración federal deberá abordar este desafío estructural para cumplir con el derecho constitucional a la protección de la salud.